Tanto bancos como fondos denuncian que el mecanismo, aunque razonable en su origen, permite la exoneración de deudas sin suficiente control ya que los jueces carecen de recursos para analizar a fondo si es un caso de buena fe o resultado de un endeudamiento temerario justo antes de solicitar el concurso. La Asociación Española de Banca y juristas relevantes han instado a las autoridades la urgencia de cambios regulatorios y de procesos, alertando del efecto llamada y el surgimiento de despachos y plataformas que multiplican solicitudes y cargan remuneraciones a quienes, en muchos casos, no cumplen el espíritu original de la ley.
El impacto cuantitativo es claro: el crecimiento de concursos de acreedores se ha disparado y en 2025 superará las 76.000 solicitudes, multiplicando casi por siete la cifra de hace cinco años. Las personas físicas concentran el mayor aumento, pasando de 4.600 concursos en 2020 a casi 68.000 estimados este año. Este crecimiento supone un incremento anual del 40%, y es especialmente crítico en banca, donde cerca del 1,6% de las peticiones de financiación no refleja morosidad, pero sí un concurso activo, lo que implica casos de riesgo oculto que escapan a los bureaus tradicionales y dificultan la prevención del fraude y el provisionamiento adecuado en las entidades financieras. No solo la banca tradicional está sufriendo, en financiación al consumo encontramos una media superior al 1% y el sector de telecomunicación y energético supera 1.2%.
Una única concesión de financiación que resulte fraudulenta tienen implicaciones operativas y financieras significativas, no solamente por la pérdida directa que genera, además se incrementan los costes operativos y las provisiones regulatorias suponiendo un impacto total para la entidad de más del 150% sobre el importe de la operación. Aun no clasificando la operación como fraudulenta, el impacto negativo puede ser superior al 50% del importe del préstamo.
Frente a este reto, Experian aporta soluciones de valor que ayudan a minimizar los riesgos en la fase de admisión de clientes, identificando en tiempo real si una persona física o jurídica está en un proceso concursal, incluso cuando la información aún no aflora en los registros de morosidad. Además, ofrecemos servicios de alertas diarias, integración automatizada en los procesos de evaluación y seguimiento, así como un sistema avanzado de interpretación de las fases concursales para aportar una visión completa del estado mercantil y de riesgo del solicitante. Con este enfoque facilitamos tanto el cumplimiento normativo como la prevención de fraude en la concesión de crédito.