El informe está basado en una encuesta efectuada a los 30 miembros de ACCIS, que cubren una gran variedad de estructuras, desde el registro público belga operado por el Banco Nacional de Bélgica, a bureaus de crédito propiedad de bancos, o modelos comerciales que cotizan en bolsa, como Experian. Entre las 30 agencias de información crediticia de 23 países que respondieron la encuesta, se estima que los miembros de ACCIS recopilan y proporcionan información sobre más de 500 millones de personas.

La Directiva Europea de Protección de Datos 1995/46/EC es el principal marco legal de fondo que define la práctica de las agencias de información crediticia en Europa. Esta Directiva ha sido implementada en las leyes de cada estado miembro, pero como la Directiva no incluye un requisito de armonización mínimo, ha sido implementada e interpretada con una serie de diferencias en la ley nacional de cada país. En algunos países como Italia, existe cierta regulación adicional, tanto a nivel nacional como regional, añadiendo un mayor nivel de complejidad.

En algunos estados miembros es obligatorio, por ley, depositar información en el registro (Grecia, Hungría, Países Bajos, Eslovenia, Bélgica y Serbia), pero en la mayoría no existe esta obligación. En otros países consultar la base de datos es una obligación legal (Bélgica, Países Bajos, Noruega, Serbia y Turquía), pero incluso en aquellos donde compartir y usar información crediticia no está definido como obligatorio, es norma general depositar toda la información que legalmente se pueda suministrar.

La implementación de la nueva Directiva de Crédito al Consumo 2008/48/EC no va a modificar esta situación, pero, en realidad, en muchos países, se considerará que las entidades crediticias no han llevado a cabo una comprobación adecuada de solvencia si, habiendo una base de datos de información crediticia, no se efectúa una consulta. Además, muchos países que previamente no habían tenido en cuenta el uso de información positiva están ahora trabajando para incorporarla y cumplir con las obligaciones de la Directiva de Crédito al Consumo y la Directiva de Crédito Responsable, que cubre el crédito garantizado y pronto estará finalizada.

Todas las agencias de información crediticia recopilan y proveen de información negativa acerca de los consumidores como actividad básica. Además, la mayor parte de los países también recopilan información negativa sobre PYMEs y negocios de todo tipo (17 y 16 de 23 respectivamente). Actualmente, las diferencias en el marco legal implican que la información positiva es recopilada y compartida en menos burós de crédito (18 de consumidores, 14 de PYMEs y 11 para negocios de cualquier tipo). Incluso esta distinción es confusa, ya que la información negativa cubre diferentes tipos de datos en la Unión Europea, con algunos países incluyendo datos judiciales e información de insolvencia y otros no.

Es un hecho reconocido ya que “la información negativa no nos cuenta toda la historia”, como Gillian Key-Vice, Head of Government Affairs en Experian, contó a la audiencia durante su presentación en el último Credit Risk Forum organizado por Experian el pasado noviembre en Estambul. “Los consumidores cada vez son más sofisticados y tienen relación con un mayor número de organizaciones. Cuanto menos sabes, en peor posición estás para tomar una decisión correcta”. Esto, unido a las grandes diferencias entre países en cuanto a la amplitud de la información recopilada (cuantas fuentes hay) y la profundidad de esta información, está “haciendo que los gobiernos examinen cómo se podría incrementar la disponibilidad de información y cómo ello podría ayudar a sus países a salir de la recesión”, a medida que aumenta la evidencia de que compartir información tanto positiva como negativa no sólo reduce la deuda de cobro dudoso, sino que además incrementa el acceso al crédito.

Se cree además que el acceso a un mayor rango de información ayuda a identificar a los consumidores que caen en dificultades mucho antes, y permite a las entidades de crédito poder afrontar el problema con ellos para ayudarlos a volver a cumplir con sus obligaciones. Así, el Reino Unido, que tiene uno de los modelos más comprensivos de bureau de crédito junto con Suecia y los Estados Unidos, ha visto cómo los “consumidores han recibido menos impacto durante esta recesión cuando lo comparamos con escenarios anteriores de recesión”, debido a una combinación de factores como los bajos tipos de interés, patrones de empleo flexibles y significativamente, la voluntad de las entidades de crédito de acordar planes de tolerancia a morosidad, que pueden hacer gracias a una mejor información del bureau de crédito. Un informe publicado por el Banco Nacional de Bélgica también ha mostrado que usar otra información no tradicional (como la información de atrasos en el pago de compañías de telecomunicaciones) puede mejorar significativamente el proceso de decisión.

La encuesta de ACCIS también halló que el principio de reciprocidad no es universal, ya que hay instituciones que pueden acceder a la información crediticia sin tener que proporcionarla. El principio de reciprocidad se aplica en 24 de los 30 bureaus, pero en algunos casos se aplica al nivel de los datos. Así, por ejemplo, sólo aquellos que comparten información positiva pueden acceder a ella. Adicionalmente, en 11 casos se incluye la figura del “grupo cerrado de usuarios”, donde la información compartida por un grupo de instituciones sólo puede ser consultada por los miembros de ese grupo.

Las condiciones para guardar y procesar la información también varían. La Directiva de Protección de Datos establece una serie de condiciones bajo las cuales se puede guardar y procesar información de forma legítima, pero a menudo el consentimiento del usuario aparece como la única opción.

En el caso de información negativa, el consentimiento del consumidor para guardar y compartir información es necesario en sólo el 50% de los países, aunque el consumidor tenga que ser notificado previamente de la intención de compartir esa información. Sin embargo, en el caso de la información positiva la situación es diferente. El consentimiento es normalmente la principal condición, pero también el interés legítimo del propietario de la información es usado en un gran número de países. Esta condición es particularmente adecuada cuando compartir información es obligatorio, ya que no se puede aducir que el consumidor tenga elección en consentir o no que se comparta esa información.

Las diferencias en los períodos de retención de datos también se destacan en la encuesta. Este hecho fue también mencionado como un problema potencial por el Grupo de Expertos en Historial Crediticio de la Comisión Europea. Este informe buscaba considerar si la consistencia de definiciones y prácticas, así como límites, tipos de crédito, períodos de retención y frecuencia de actualización, eran una barrera al historial de crédito transfronterizo, que permitiría a un ciudadano de la Unión Europea tener la misma categoría de solvencia en cualquier país Europeo. Como ejemplo, el mismo tipo de información puede ser conservado durante 3 semanas en los Países Bajos y durante 3 años en Bélgica. La recomendación del grupo era buscar “una mayor convergencia en el contenido de las bases de datos”.

Todos los datos, gráficos e información de este artículo están extraídos del informe de ACCIS / ECRI “The European Credit Information Landscape: An analysis of a survey of credit bureaus in Europe”, que puede ser descargado directamente desde  la web de ACCIS. El informe de 35 páginas contiene más gráficos e información sobre las agencias de información crediticia en Europa.